El exdiputado Joaquín Lavín León cumplió su primera jornada en el Anexo Cárcel Capitán Yáber luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretara su prisión preventiva la semana pasada. Su defensa, encabezada por el abogado Cristóbal Bonacic, insiste en que el proceso penal adolece de vicios y que los hechos no configuran delito.
LA DEFENSA CUESTIONA LA ACTUACIÓN FISCAL
Bonacic se presentó esta mañana en el recinto penitenciario y reiteró sus críticas al trabajo del Ministerio Público. Según el letrado, la investigación desarrollada por la Fiscalía Metropolitana Oriente carece de objetividad e imparcialidad, requisitos que la ley exige para todo procedimiento penal.
“Toda persona tiene derecho a un juicio objetivo imparcial y no a una investigación sesgada como la que se ha desarrollado hasta el día de hoy”, señaló Bonacic. En la misma línea, afirmó que, una vez que las pruebas sean valoradas en su conjunto y con la debida objetividad, la conclusión será distinta a la sostenida por el ente persecutor.
El defensor añadió que tiene la convicción de que no existe delito alguno y que la investigación ha sido “armada” para justificar una pluralidad de ilícitos que, a su juicio, no se sostienen.
DESTINO DE LOS IMPUTADOS: CAPITÁN YÁBER Y SANTIAGO 1
Tras la audiencia de formalización, Gendarmería de Chile procedió al ingreso de ambos imputados. Lavín fue trasladado al Anexo Capitán Yáber, un recinto con condiciones distintas al complejo penitenciario Santiago 1, donde en cambio fue ingresado su exasesor Emiliano Domínguez Vallejos.
Un comunicado oficial del organismo señaló que ambos ciudadanos se sometieron al protocolo establecido, que incluye clasificación, segmentación y verificación de su estado de salud. La defensa había solicitado que Lavín cumpliera la medida cautelar en Capitán Yáber, petición que fue aceptada por Gendarmería.
LOS DELITOS Y LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ
El magistrado Daniel Urrutia Laubreaux ordenó la prisión preventiva de Lavín tras formalizarlo como autor de fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, y tráfico de influencias, ilícitos que la fiscalía sitúa entre 2015 y 2026. En el caso de Domínguez, se le imputan fraude al fisco, tráfico de influencias, delitos tributarios, cohecho y falsificación de instrumento privado mercantil, cometidos entre 2015 y 2025.
En su resolución, el juez dio por acreditada la participación de ambos en los ilícitos y fundamentó la medida cautelar en la gravedad de las penas probables. Al tratarse de crímenes que exceden el presidio mayor en su grado mínimo –esto es, más de cinco años y un día de cárcel efectiva, pudiendo incluso superar los diez años–, el tribunal consideró que, de ser condenados, no tendrían acceso a penas alternativas. Por ello, estimó que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
La defensa, por su parte, adelantó que continuará impugnando las decisiones del tribunal y busca revertir la medida cautelar, insistiendo en que el proceso se ha desarrollado con parcialidad.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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