La directiva de Renovación Nacional acordó derivar el caso de la senadora Camila Flores a su Tribunal Supremo partidario, en paralelo a la investigación penal que lleva adelante la Fiscalía Regional de Valparaíso por un eventual fraude al fisco. El procedimiento interno se activó luego de que esta semana efectivos del OS-9 de Carabineros realizaran diligencias de incautación en el Senado y en el domicilio de la parlamentaria en Viña del Mar, donde se incautaron equipos computacionales, teléfonos y documentación vinculada a la causa.
INVESTIGACIÓN POR PRESUNTO FRAUDE AL FISCO
La indagatoria, que mantiene carácter reservado, busca determinar si durante el período en que Flores se desempeñó como diputada se configuró un mecanismo de descuentos irregulares a asesores parlamentarios. En el ámbito informal, esta hipótesis ha sido denominada «la cuota Flores». Los antecedentes recabados hasta ahora apuntan a eventuales devoluciones de dinero proveniente de asignaciones financiadas con recursos públicos.
La fiscal Paola Castiglione lidera las pesquisas, las cuales se centran en el uso de asignaciones parlamentarias y su posible desvío. Las diligencias del OS-9 incluyeron la revisión de dependencias oficiales y del domicilio particular de la senadora, sin que hasta la fecha se haya formalizado a persona alguna.
DECISIÓN DEL PARTIDO Y SUS EFECTOS
La mesa directiva de RN, encabezada por la secretaria general Katherine Martorell, optó por remitir los antecedentes al Tribunal Supremo de la colectividad para que evalúe posibles sanciones internas. Martorell señaló que «hemos entregado todos los antecedentes al Tribunal Supremo para que adopte las medidas que correspondan», y agregó que esperan que la justicia actúe «con la máxima celeridad y rigurosidad posible».
No obstante, desde el partido precisaron que la senadora mantiene plenamente su cargo mientras no exista formalización o condena judicial. Esto implica que continuará ejerciendo sus funciones legislativas y participando en votaciones en el Congreso, en atención al principio de presunción de inocencia que rige en el ordenamiento procesal penal chileno.
DECLARACIONES DE LA DEFENSA Y DEL PARTIDO
El dirigente Marcelo Brunet reforzó la postura interna al afirmar que «ninguno de nosotros está por sobre la ley». Recordó además el criterio que la colectividad mantiene desde 2014: «militante formalizado, militante suspendido; militante condenado, militante expulsado». Esta regla interna establece un estándar de consecuencias disciplinarias escalonadas que se activan según el avance del proceso penal.
Por su parte, la senadora Flores ha rechazado las acusaciones. En declaraciones anteriores sostuvo que «no tengo nada que ocultar» y que la denuncia tendría un origen «más personal que político». Asimismo, afirmó haber puesto a disposición su información bancaria para colaborar con la investigación.
CONTEXTO PROCESAL Y PROYECCIONES
La causa se tramita bajo secreto de sumario en la Fiscalía Regional de Valparaíso. La determinación del partido de remitir el caso a su Tribunal Supremo genera tensiones internas, considerando que semanas atrás la directiva había insistido en respetar la presunción de inocencia y descartaba adoptar medidas disciplinarias anticipadas.
En el ámbito jurídico, el fraude al fisco se encuentra tipificado en el artículo 239 del Código Penal chileno, que sanciona a quienes, mediante defraudación, causen perjuicio al Estado. La pena puede variar según la cuantía y las circunstancias, y en caso de condena podría implicar inhabilitación para cargos públicos.
El desarrollo de la investigación determinará si existen méritos para una formalización, lo que a su vez gatillaría la suspensión automática de la militancia según las normas internas de RN. Mientras tanto, la senadora mantiene su escaño y sus derechos políticos plenos.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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