La Corte de Apelaciones de Antofagasta examina un recurso de protección presentado por la Comunidad Atacameña de Socaire, acción que destapó serias deficiencias formales en el proceso de consulta indígena impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente. La cartera, al revisar los antecedentes del caso, reconoció irregularidades que comprometen la validez del cierre del procedimiento y la integridad del expediente administrativo.
ANTECEDENTES DEL PROCESO DE CONSULTA
La consulta indígena se enmarcó en la implementación de la Ley N° 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Su objetivo era apoyar la dictación de tres reglamentos clave para la institucionalidad ambiental: el Reglamento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), el Reglamento de Concesiones y Permisos en Áreas Protegidas, y el Reglamento de Sitios Prioritarios. El proceso contempló etapas regionales y un diálogo nacional realizado en diciembre de 2025, donde se abordaron 15 temas. El resultado debía plasmarse en un Acta de Acuerdos y Desacuerdos.
El cierre se formalizó mediante la Resolución Exenta N° 1.366, de 10 de marzo de 2026, dictada durante la administración anterior. Sin embargo, la actual administración, a raíz del recurso de protección, detectó una situación grave de carácter formal.
EXTRAVÍO DE FIRMAS Y RECONSTITUCIÓN FALLIDA
Tras la finalización del Diálogo Nacional, en la madrugada del 21 de diciembre de 2025, se extravió el listado original de firmas de los representantes indígenas que suscribieron el Acta. Los antecedentes revisados indican que dicho listado no fue incorporado al expediente oficial.
Ante la ausencia del documento, se implementó un procedimiento desformalizado de reconstitución. En enero de 2026, se instruyó a las Secretarías Regionales Ministeriales contactar a los representantes que asistieron al Diálogo Nacional para solicitarles firmar nuevamente. Este procedimiento no logró recomponer el respaldo completo: 44 representantes, de un total de 100, decidieron no firmar el Acta nuevamente. Además, para 20 representantes de comunidades de las regiones del Maule, Biobío, Los Ríos y Los Lagos, no quedó registro en el expediente que permitiera acreditar formalmente su negativa o abstención.
La resolución de cierre se dictó pese a no contar con la totalidad de las firmas reconstituidas, ni con constancia homogénea de las gestiones realizadas para revalidarlas con los participantes. Frente a este vicio formal, el Ministerio informó a la Corte que iniciará un procedimiento de invalidación asociado al cierre, con el objetivo de subsanar las irregularidades y resguardar la integridad del expediente.
IMPACTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SBAP
El Ministerio advierte que esta situación retrasa aún más la tramitación de los tres reglamentos necesarios para la implementación efectiva del SBAP, los cuales debieron estar publicados en septiembre de 2025. Estos reglamentos regulan aspectos esenciales del SNAP, como la creación, modificación y desafectación de áreas protegidas, la elaboración de planes de manejo, y el otorgamiento de permisos y concesiones.
COSTOS Y COMPROMISOS PENDIENTES
El proceso de consulta indígena tuvo un costo reportado de 1.200 millones de pesos, de los cuales más de 230 millones se destinaron al diálogo nacional final. La actual administración continúa pagando facturas correspondientes a 2025 asociadas a este proceso, por un monto superior a 300 millones de pesos, compromisos heredados de la administración anterior.
El Ministerio del Medio Ambiente reitera que la prioridad de la actual administración es corregir las falencias detectadas, regularizar los compromisos pendientes y avanzar en la implementación efectiva del SBAP, fortaleciendo los estándares de prolijidad administrativa, transparencia y trazabilidad documental en procesos de esta relevancia pública.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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