Ocho proyectos de inversión por un valor conjunto superior a los US$5.000 millones continúan sin resolución definitiva ante el Comité de Ministros, instancia clave en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Se trata de iniciativas en energía, minería, infraestructura y desarrollo inmobiliario que arrastran largos procesos de revisión. Un análisis reciente de la consultora Smart Compliance da cuenta de la magnitud de la cartera detenida y de los avances —aunque todavía insuficientes— que ha logrado el actual gobierno para destrabar estos expedientes.
EL ROL DEL COMITÉ DE MINISTROS
El Comité de Ministros actúa como tribunal administrativo ambiental de segunda instancia, con la atribución de revisar las reclamaciones presentadas contra las resoluciones de la Comisión de Evaluación. En los últimos meses, el Ejecutivo ha intensificado la frecuencia de sus sesiones, buscando descomprimir la abultada carga de expedientes heredados de administraciones anteriores. Según el estudio, esta estrategia ha permitido destrabar aproximadamente un 40% de la inversión que permanecía paralizada.
Smart Compliance destaca que la mayoría de los casos resueltos correspondían a proyectos que ya habían pasado por una fase previa de análisis técnico. Por tanto, la gestión actual no estaría evaluando iniciativas completamente nuevas, sino más bien acelerando definiciones postergadas.
PROYECTOS CLAVE AÚN EN ESPERA
Entre las iniciativas más relevantes que siguen sin pronunciamiento final figura Volta, un proyecto de hidrógeno y amoníaco verde desarrollado por Volta Hidrógeno SpA, con una inversión estimada en US$2.500 millones. También destaca la línea de transmisión HVDC Kimal-Lo Aguirre, valorizada en US$1.480 millones, considerada estratégica para el transporte de energías renovables a nivel nacional.
Otros proyectos que permanecen en la carpeta del Comité son el terminal portuario Copiaport-E, el parque solar Tamarico Fase II, el desarrollo inmobiliario Urbanya Etapa 1 y el proyecto minero Ciclón Exploradora, entre otros de menor envergadura.
CONTROVERSIAS JUDICIALES Y PLAZOS EXTENDIDOS
El análisis de Smart Compliance advierte que, pese a la mayor agilidad administrativa, varias de estas iniciativas podrían seguir enfrentando impugnaciones ante los Tribunales Ambientales o la Corte Suprema. Esta situación prolonga aún más los tiempos de tramitación y genera incertidumbre jurídica para los inversionistas.
En términos de antigüedad, uno de los casos más extensos corresponde al terminal portuario Copiaport-E, que ingresó al SEIA en 2020 y aún espera una definición definitiva. La demora en este tipo de expedientes refleja la complejidad de conciliar intereses económicos, ambientales y sociales en el marco del actual sistema de evaluación.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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