Sesión clave en el Senado: proyecto de licencias médicas y el debate sobre la carencia en el sector público
La Comisión de Salud del Senado realizó una nueva jornada de audiencias para analizar el proyecto de ley contenido en el Boletín N° 17678-11, iniciativa que modifica el periodo de carencia del subsidio por incapacidad laboral y fortalece las facultades de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN). En la sesión, celebrada el 12 de mayo de 2026, participaron representantes de distintos gremios del sector público, además del director de FONASA y asesores del Ejecutivo.
El proyecto ha generado un intenso debate debido a que propone uniformar las reglas entre los sectores público y privado, estableciendo un periodo de carencia de dos días para los funcionarios públicos, entre otras modificaciones. Los expositores y los parlamentarios coincidieron en la necesidad de abordar el mal uso de las licencias, pero mostraron profundas diferencias sobre el camino a seguir.
LAS POSTURAS DE LOS GREMIOS: DEFENSA DE DERECHOS HISTÓRICOS
Las organizaciones de trabajadores municipales, de la Defensoría Penal Pública y de la Federación de Trabajadores de Hacienda expusieron una postura común de rechazo a los ejes centrales del proyecto. Los representantes de UFEMUCH y ASEMUCH señalaron que la iniciativa castiga al 99% de los funcionarios que hacen un uso correcto de las licencias, a raíz de un porcentaje menor de abusos. Destacaron que el informe de la Contraloría que originó el debate solo afectó a cerca del 1% de los funcionarios municipales.
Desde la Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública (AFUDEP) se advirtió que la propuesta transforma la enfermedad en sospecha automática, al incorporar mecanismos de fiscalización masiva. Se recordó que la licencia médica es un derecho de seguridad social y no un beneficio arbitrario. Además, se cuestionó la eliminación de la remuneración íntegra durante la enfermedad para reemplazarla por un subsidio con tope imponible, lo que vulneraría el equilibrio histórico del empleo público.
Por su parte, la Federación de Trabajadores de Hacienda (FTH) expresó su oposición a los artículos 3 y 5 del proyecto, que establecen la carencia y el límite remuneracional. Argumentaron que el propio mensaje presidencial muestra que en el sector privado las licencias superiores a 10 días alcanzan el 59%, lo que evidenciaría que la carencia no es un incentivo eficaz para reducir el ausentismo.
EL GOBIERNO DEFIENDE LA REGULACIÓN Y LA FISCALIZACIÓN
El director de FONASA, César Yarzo, intervino para explicar la posición del Ejecutivo. Señaló que el gobierno está en una etapa de escucha activa, recogiendo las posiciones de los gremios para preparar indicaciones. Destacó que el llamado «efecto Doroti» —la publicación del informe de Contraloría— ya logró una reducción del 25% en el uso de licencias entre periodos comparables, lo que demostraría que el problema no es solo de salud, sino de abuso y fraude organizado.
Desde el panel se argumentó que la regulación propuesta busca sostener una estructura de incentivos que evite el costo elevado de los procesos sumariales. Se precisó que la concentración de licencias de empleados públicos entre uno y tres días no se explicaría por razones de salud, sino por un mal uso del sistema.
DEBATE SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO
Uno de los momentos más relevantes de la jornada fue la intervención del abogado constitucionalista Patricio Zapata, quien presentó un informe en derecho encargado por la FTH. Sostuvo que el proyecto infringiría al menos tres artículos de la Constitución Política: el derecho a la seguridad social (artículo 19 N°18), el derecho a la salud (artículo 19 N°9) y la libertad de trabajo con justa remuneración. En su análisis, afirmó que «la licencia médica es un derecho que forma parte de su régimen de seguridad social» y que no puede implicar una disminución de los demás derechos inherentes a la relación laboral.
El abogado criticó la lógica de «deducible» que subyace a la carencia, propia de seguros de automóviles, trasladada al trabajo humano. A su juicio, igualar hacia abajo no es constitucionalmente admisible. Ante estas dudas, la presidenta de la comisión propuso solicitar una sesión conjunta con la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para que se pronuncie sobre los aspectos de constitucionalidad, lo que fue acordado por los miembros.
PRÓXIMOS PASOS Y CRÍTICAS PARLAMENTARIAS
Los senadores presentes manifestaron posiciones diversas. Algunos coincidieron en que el proyecto tiene un alcance meramente financiero y que el ahorro ya se ha logrado con la fiscalización actual. Se insistió en la necesidad de separar el fraude —ya abordado con una ley promulgada— del mal uso, que sería un problema de diseño del subsidio. También se planteó que la carencia no ha demostrado un efecto positivo comprobado.
Se acordó finalizar las audiencias durante el mes de mayo para votar en general el proyecto la primera semana de junio. Además, se convocó al ministro de Hacienda para la próxima sesión, dado que la iniciativa fue diseñada por el Ejecutivo.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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