El fin de semana pasado, el Partido por la Democracia (PPD) emitió una declaración pública denunciando amenazas, incluso de muerte, contra el diputado de sus filas, Jaime Araya. La situación se desató luego de que el legislador por Antofagasta anunciara, en un podcast junto a otros parlamentarios de oposición, la presentación de más de dos mil indicaciones al proyecto de megarreforma impulsado por el Gobierno de José Antonio Kast. El episodio ha generado un cruce de versiones entre el diputado y el ministro del Interior, Claudio Alvarado.
LOS HECHOS Y LA VERSIÓN DE ARAYA
Según relató el propio diputado, los mensajes intimidatorios comenzaron el viernes de manera “absolutamente orquestada”. En sus palabras, primero el Presidente lanzó una frase, luego ministros, subsecretarios y parlamentarios del oficialismo se sumaron a una escalada de videos en redes sociales, y posteriormente un usuario en un grupo de Facebook –que Araya calificó como “pinochetista” y “fascista”– publicó su foto con su número telefónico. El diputado aseguró que remitió copias de esas amenazas al ministro Alvarado, pero que este “me dejó en visto”.
En conversación con EmolTV, Araya afirmó que no se dejará intimidar, recordando sus orígenes familiares y destacando que su labor legislativa continuará. No obstante, cuando se le consultó si presentaría una denuncia ante el Ministerio Público, sostuvo que ello “no es motivo de interés público” y que corresponde al ámbito privado. Para él, lo esencial es demostrar que no tiene miedo y que el debate debe centrarse en las propuestas.
LA POSTURA DEL GOBIERNO
Desde el entorno del ministro Alvarado, en cambio, se indicó que el diputado no aportó pruebas concretas de las amenazas de muerte. Además, según consignó El Mercurio, el mensaje de WhatsApp enviado por Araya al secretario de Estado habría incluido un tono que el ministro consideró inapropiado. En dicho mensaje, el legislador calificó como “impresionante” la cantidad de hostigamientos recibidos, y utilizó irónicamente la expresión “joyita” para referirse a una de las amenazas. Pero el punto que habría resultado más conflictivo fue el uso de la frase “su gente” para aludir a los presuntos agresores, lo que Alvarado interpretó como una imputación directa de responsabilidad hacia el sector oficialista.
Desde el equipo de Araya, en tanto, aseguraron que el ministro no se ha comunicado con él tras conocerse públicamente la estrategia opositora de presentar el denominado “tsunami” de indicaciones contra la ley miscelánea. La falta de respuesta habría profundizado la tensión entre ambos.
INTERVENCIÓN POLICIAL Y AUSENCIA DE DENUNCIA FORMAL
Pese a que el diputado no ha presentado una denuncia penal, desde su entorno explicaron que oficiales de la Policía de Investigaciones (PDI) destacados en el Congreso ya tomaron contacto con Araya para recabar antecedentes sobre el hostigamiento. Aunque el legislador ha optado por no judicializar el caso, la situación ha puesto en la agenda pública los límites entre el debate político y la seguridad personal de los parlamentarios.
En el sistema jurídico chileno, la interposición de una querella o denuncia es el mecanismo formal para que el Ministerio Público inicie una investigación. Sin embargo, la decisión del afectado de mantener el asunto en el ámbito privado no impide que terceros –como la PDI– puedan actuar de oficio ante la existencia de indicios de un delito, especialmente cuando se trata de amenazas que podrían configurar infracciones penales conforme al Código Penal.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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