CAMBIO DE PARADIGMA: NUEVAS LEYES TRANSFORMAN AL ESTADO EN AGENTE ACTIVO PARA EL COBRO DE PENSIONES DE ALIMENTOS
La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, abrió el seminario virtual “Ley 21.389 y 21.484: determinación de pensiones de alimentos”, organizado por la Academia Judicial, con un mensaje que apuntó directamente al corazón del sistema de justicia familiar. Allí, la magistrada calificó la determinación de estos montos como un verdadero “criterio de humanidad” y puso el acento en el giro radical que imprimen ambos cuerpos normativos al rol del Estado.
La actividad, orientada a fortalecer las competencias técnicas de jueces, juezas y profesionales del área, sirvió de plataforma para que Chevesich explicara el alcance de un proceso que, a su juicio, termina con la pasividad estatal frente al incumplimiento de estas obligaciones.
UN ESTADO QUE INVESTIGA Y LOCALIZA BIENES
La presidenta del máximo tribunal fue categórica al señalar que la Ley 21.484 viene a complementar de manera decisiva lo dispuesto por la Ley 21.389. Ambas, en conjunto, consolidan un cambio profundo: el Estado deja de ser un mero observador para convertirse en un agente activo en la persecución del cumplimiento de las pensiones de alimentos.
Estas normativas no se limitan a declarar principios, sino que establecen procedimientos extraordinarios que facultan a los tribunales de familia para investigar, localizar y liquidar los activos de los deudores. De este modo, el sistema judicial se fortalece para transformar el derecho de alimentos en una garantía efectiva, reduciendo la dependencia de la voluntad del alimentante.
En su análisis, la magistrada relevó la naturaleza extrapatrimonial de este derecho, cuyo fin último es proteger la supervivencia y el desarrollo biológico, material y espiritual de niños, niñas y adolescentes (NNA), permitiendo su inserción activa en la sociedad.
LOS DESAFÍOS DE UNA CULTURA DE ELUSIÓN
Chevesich también abordó los retos que ha impuesto la materialización del espíritu de las leyes, reconociendo que se ha tensionado una cultura arraigada de elusión de responsabilidades. “Determinar una pensión de alimentos es, ante todo, un acto de reconocimiento y de mirar la realidad con honestidad”, afirmó.
En ese contexto, hizo especial mención a la carga que históricamente han asumido las madres frente al incumplimiento de los padres, un desequilibrio que el nuevo marco legal busca corregir.
La autoridad cerró su intervención recordando que la responsabilidad parental no es negociable ni delegable. “Cada peso destinado a alimentos no es un gasto: es una inversión en educación, salud, estabilidad emocional y futuro”, concluyó, instando a los presentes a aplicar la ley con conciencia y empatía para garantizar condiciones dignas de desarrollo a quienes se encuentran en etapas de especial vulnerabilidad.
La jornada contó además con las exposiciones técnicas de la magistrada Paz Pérez Ahumada, jueza del 3° Juzgado de Familia de Santiago, y de la académica Carolina Salinas Suárez, directora del Centro UC de la Familia, quienes profundizaron en los aspectos prácticos de la determinación de estos montos.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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