Un grupo transversal de senadores presentó una iniciativa legislativa que busca actualizar las herramientas del sistema judicial para enfrentar la creciente distribución no autorizada de contenidos protegidos en plataformas digitales. El proyecto, patrocinado por los senadores Karim Bianchi, Alejandro Kusanovic, Iván Moreira, Gastón Saavedra y Paulina Núñez, apunta a cerrar las brechas normativas que hoy dificultan la persecución de servicios, aplicaciones y dispositivos diseñados para evadir los derechos de propiedad intelectual.
La moción reconoce que el avance tecnológico ha permitido la proliferación de servicios que distribuyen contenido protegido sin autorización, generando no solo infracciones a la propiedad intelectual, sino también riesgos concretos para la seguridad digital de los usuarios. Muchas de estas aplicaciones acceden a datos personales, medios de pago y funciones sensibles de los equipos, afectando directamente a los consumidores.
Frente a este escenario, los autores advierten que la normativa vigente resulta insuficiente para abordar fenómenos digitales de carácter internacional, especialmente por las dificultades que enfrentan los tribunales para ejecutar sus resoluciones frente a intermediarios globales como motores de búsqueda, tiendas de aplicaciones y plataformas digitales.
NUEVOS DELITOS Y SANCIONES
El texto modifica la Ley de Propiedad Intelectual para tipificar expresamente conductas vinculadas a la comercialización y explotación de servicios digitales ilícitos. Se sancionará a quienes ofrezcan, distribuyan, administren o promocionen aplicaciones, programas, dispositivos o servicios destinados principalmente a facilitar el acceso no autorizado a contenidos protegidos.
La propuesta también castiga los servicios de suscripción, publicidad o cobro que estén vinculados a estas actividades ilícitas. Asimismo, los tribunales podrán decretar medidas accesorias como el comiso de dispositivos, la desinstalación de software ilícito o la prohibición temporal de comercializar determinados equipos.
FACULTADES JUDICIALES AMPLIADAS
Uno de los ejes centrales del proyecto es la ampliación de las atribuciones de los tribunales para ordenar bloqueos de dominios, eliminación de aplicaciones, desindexación de resultados de búsqueda, suspensión de cuentas o interrupción de medios de pago asociados a servicios infractores. Estas medidas podrán aplicarse de manera dinámica cuando los servicios infractores modifiquen constantemente sus dominios o plataformas digitales.
INTERMEDIARIOS DIGITALES RELEVANTES
La iniciativa incorpora la figura del “intermediario digital relevante”, definido como aquel actor que, sin ser autor directo de las infracciones, facilita significativamente la disponibilidad, localización, distribución, financiamiento o comercialización de servicios o contenidos ilícitos. En esta categoría podrían incluirse motores de búsqueda, plataformas digitales, marketplaces, proveedores de hosting e intermediarios de pago.
Estos intermediarios deberán designar un representante o punto de contacto en Chile para recibir notificaciones judiciales y colaborar en el cumplimiento de las resoluciones dictadas por los tribunales. El incumplimiento injustificado de dichas resoluciones podrá ser sancionado con multas.
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
El proyecto también modifica la Ley del Consumidor para exigir mayores estándares de transparencia en la comercialización de dispositivos y aplicaciones digitales. Los proveedores deberán informar sobre software preinstalado, permisos de acceso, políticas de seguridad y riesgos relevantes para los usuarios.
Se considerará publicidad engañosa presentar estos servicios como “seguros”, “oficiales” o “autorizados” cuando no lo sean, u ocultar riesgos asociados al acceso a datos personales, cámaras, micrófonos o medios de pago. Además, se reconoce el derecho de los consumidores a exigir devolución del dinero, reparación, saneamiento del software o reposición del producto cuando existan configuraciones ilícitas o riesgos no informados.
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Por último, la iniciativa modifica la Ley de Delitos Informáticos, incorporando agravantes cuando estas conductas se desarrollen de manera masiva y puedan afectar datos personales, credenciales o medios de pago de una pluralidad indeterminada de usuarios. También contempla mecanismos de coordinación entre tribunales y organismos públicos como SUBTEL, SERNAC, Aduanas, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público, con el objeto de facilitar la ejecución de medidas judiciales.
Según expone la moción, el objetivo general es adaptar la legislación chilena a las nuevas formas de distribución digital ilícita, fortaleciendo tanto la protección de la propiedad intelectual como la seguridad de los consumidores en entornos digitales. Para ello, propone un sistema ampliado de responsabilidades y herramientas judiciales que involucra no solo a quienes distribuyen contenidos ilegalmente, sino también a los intermediarios digitales que facilitan su difusión o comercialización.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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