Fallo del Segundo Tribunal Ambiental anula RCA de proyecto minero Collahuasi y ordena nueva evaluación
El Segundo Tribunal Ambiental dejó sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi”, aprobada a fines de 2021. La iniciativa, que contempla una inversión de US$ 3.200 millones, busca asegurar la continuidad operacional del yacimiento por 20 años. La decisión judicial se originó tras una reclamación presentada por la Asociación Indígena Wilamasi de Pescadores Mamq’uta Caleta de Chanavaya y la Asociación Indígena Aymara de Caleta Chanavaya.
LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL
En su sentencia, el tribunal ordenó retrotraer la evaluación ambiental del proyecto hasta una etapa anterior a la dictación del Informe Consolidado de Evaluación (ICE). “Se deja sin efecto resolución reclamada y la RCA del proyecto, debiendo retrotraerse la evaluación ambiental del proyecto hasta antes de la dictación del Informe Consolidado de Evaluación (‘ICE’)”, señala el fallo. Como consecuencia, se deberá elaborar un nuevo Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (ICSARA), que permita recoger las observaciones pendientes.
OBSERVACIONES SOBRE EL MEDIO HUMANO Y MARINO
La resolución exige al titular del proyecto abordar dos grupos de observaciones específicas. El primero se vincula con la línea de base del medio humano, en particular el uso del maritorio en la zona de Punta Patache y el sector Puerto Collahuasi por parte de las asociaciones indígenas reclamantes. El segundo grupo se refiere a los impactos en el medio marino, incluyendo aspectos como la verificabilidad de la velocidad de succión, la sedimentación generada por la descarga hipersalina en el fondo marino, el descarte de impactos sobre recursos hidrobiológicos y la duración y alcance del plan de vigilancia del medio marino, que actualmente se limita a los primeros cinco años de operación de la planta desaladora.
CONTEXTO DE LA MEGARREFORMA
El fallo se enmarca en el debate sobre la megarreforma impulsada por el Ejecutivo. La propuesta gubernamental contempla que, cuando un tribunal anule una RCA ya aprobada, el titular del proyecto pueda solicitar la restitución de los gastos incurridos durante el proceso de evaluación. Esta iniciativa busca equilibrar los costos regulatorios frente a decisiones judiciales que dejen sin efecto permisos ambientales previamente otorgados.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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