EL DÍA DEL JUEZ: UNA OPORTUNIDAD PARA RECONSTRUIR LA CONFIANZA INSTITUCIONAL
Cada año, la conmemoración del Día del Juez invita a discursos institucionales y reconocimientos protocolares sobre el rol de la judicatura en un Estado democrático de derecho. Sin embargo, en esta oportunidad resulta difícil limitarse a ese tono celebratorio. El contexto es otro. La crisis desatada por el denominado caso audios, y todo lo que emergió después como una caja de resonancia institucional, ha causado un daño profundo que no puede pasarse por alto. Al mismo tiempo, esa misma magnitud de la crisis ofrece una oportunidad que no debería desperdiciarse.
EL IMPACTO EN LA PERCEPCIÓN DE INDEPENDENCIA
El caso audios no solo afectó a personas concretas o trayectorias individuales dentro del Poder Judicial. Golpeó algo mucho más sensible: la percepción de independencia, integridad y corrección de una función que, por naturaleza, exige confianza ciudadana. Esto ocurre en un escenario especialmente complejo para América Latina y para Chile, donde los índices de confianza en el Poder Judicial vienen mostrando cifras preocupantes desde hace años, muy lejos de lo que una democracia sólida requiere para funcionar adecuadamente.
La cuestión es particularmente delicada porque el juez no administra únicamente casos. Administra también expectativas de imparcialidad. De ahí que la independencia judicial no pueda ser reducida a una consigna corporativa ni a un privilegio funcional de juezas y jueces. Se trata de una garantía para la ciudadanía: para quien reclama, para quien se defiende, para quien litiga frente al poder económico o político, y para quien espera que su conflicto sea resuelto conforme al derecho y no según cercanías, favores, influencias o redes informales de poder.
LA CRISIS COMO OPORTUNIDAD DE CAMBIO
Resulta indispensable comprender que esta crisis no puede agotarse en sanciones individuales ni en ejercicios episódicos de indignación pública. El verdadero desafío es institucional. Y ahí precisamente aparece la oportunidad: una oportunidad seria para revisar de manera profunda el sistema de nombramientos, ascensos, traslados y cesaciones dentro de la judicatura chilena. Una oportunidad para abandonar zonas grises, dinámicas opacas y prácticas que durante demasiado tiempo convivieron bajo una especie de normalización silenciosa.
En relación con un proyecto en trámite, urge avanzar hacia mecanismos de designación y promoción blindados frente al tráfico de influencias y frente a la indebida injerencia política. No porque la política sea ilegítima en democracia, sino porque la dependencia, la sospecha o la captura terminan erosionando el corazón mismo de la función jurisdiccional: decidir con autonomía, sin presiones y únicamente sometidos al imperio del derecho.
HACIA UNA VERDADERA CARRERA JUDICIAL
Ello exige discutir con seriedad una verdadera carrera judicial. Una carrera diseñada con reglas claras, objetivas y verificables; con procedimientos transparentes; con criterios públicos de evaluación; con límites efectivos a la discrecionalidad; y con controles institucionales capaces de inmunizar el sistema frente a presiones externas o internas. No basta con proclamar independencia judicial. Hay que construir condiciones reales para que esa independencia exista y pueda sostenerse incluso en contextos adversos.
Durante demasiado tiempo se toleró una cultura excesivamente cerrada, poco transparente, incluso oscurantista. Una cultura que terminó facilitando espacios impropios y que condujo al Poder Judicial a escribir páginas vergonzosas de su historia reciente. Precisamente por eso, porque el daño ha sido profundo, la respuesta no puede consistir en simples ajustes cosméticos ni en declaraciones institucionales.
LA RECONSTRUCCIÓN DE LA LEGITIMIDAD SOCIAL
La legitimidad social de la judicatura se reconstruye lentamente. Se reconstruye con reglas, con transparencia, con ejemplaridad y con prudencia institucional. Pero, sobre todo, se reconstruye entendiendo que no hay seguridad jurídica posible ni previsibilidad razonable de las decisiones si la ciudadanía sospecha que detrás de ciertos nombramientos, ascensos o destinos existen factores distintos al mérito, la capacidad y la correcta aplicación de la ley.
Chile necesita juezas y jueces independientes. Y requiere que esa independencia sea visible, perceptible y constatable. Necesita una judicatura protegida frente a presiones políticas, económicas o corporativas. Necesita reformas legales y eventualmente constitucionales que cierren espacios a interferencias indebidas, a favores cruzados y a cualquier mecanismo informal de influencia que termine debilitando la confianza pública.
Quizá, entonces, el verdadero sentido de este Día del Juez no consista únicamente en homenajear una función indispensable para la democracia. Quizá el desafío sea bastante más exigente: asumir con honestidad la profundidad del daño y entender que las crisis institucionales, por dolorosas que sean, también pueden transformarse en oportunidades excepcionales para corregir aquello que durante demasiado tiempo se toleró. Cabe esperar que los poderes colegisladores estén a la altura de esta responsabilidad, dejando de lado la calculadora del poder. ¿Resulta utópico esperar esto? Probablemente. ¿Podemos renunciar a esperarlo? Nunca.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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