El 10 de diciembre de 2024, Michael Clark se presentó ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para entregar su primera declaración formal en el marco de la investigación sobre la toma de control de Azul Azul y su vinculación con el grupo Sartor. En una diligencia que se extendió por dos horas, el presidente de Azul Azul y director de Sartor AGF fue interrogado por el fiscal de la Unidad de Investigación, Andrés Montes, en dependencias de la Torre I del regulador. Clark llegó acompañado de su abogado Antonio Rubilar, y su relato dejó al descubierto un entramado de relaciones financieras y operaciones crediticias que, según sus propias palabras, se aprobaban con una simple cadena de correos electrónicos.
LOS ORÍGENES DE LA VINCULACIÓN CON SARTOR
Clark explicó que su nexo con el grupo Sartor se remonta a octubre de 2020, cuando fue contactado para aportar una visión profesional externa. Su vínculo inicial surgió a través de su paso por Banco Penta en 2014, donde conoció a ejecutivos de Sartor que ofrecían fondos que calificó como innovadores para el mercado chileno. Fue así como, tiempo después, lo invitaron a participar en el directorio de Sartor AGF, donde conoció a Pedro Pablo Larraín y Alfredo Harz.
En su declaración, Clark se presentó como un actor secundario dentro de la estructura del grupo. Afirmó que es director independiente en Sartor AGF, pero no socio ni propietario de ninguna de las empresas del holding. Precisó que no participa en la gestión diaria, no tiene oficina ni correo corporativo, y asiste a reuniones de directorio una o dos veces al mes. Para reforzar su postura, sostuvo: «No participo en la propiedad de ninguna de las empresas del grupo Sartor».
CONTROLES INTERNOS BAJO LA LUPA
Uno de los puntos más relevantes de su comparecencia fue la descripción de los mecanismos de aprobación de créditos al interior del grupo. Clark reveló que las operaciones se visaban mediante cadenas de correos electrónicos, donde un simple «OK» bastaba para autorizar financiamientos millonarios. Este sistema, según su relato, evidenciaba una precariedad en los controles internos que el propio regulador ha puesto en el centro de su investigación.
El fiscal indagó específicamente sobre los créditos otorgados a sociedades vinculadas a los controladores de Sartor. Clark reconoció que, como miembro del comité de crédito, aprobó operaciones para Pedro Pablo Larraín y otras personas a través de sociedades de inversión. Justificó su voto señalando que los financiamientos contaban con opinión favorable de las áreas de riesgo y comercial, y que en su mayoría se encontraban pagados. No obstante, eludió responsabilidad al afirmar que la administración y las áreas de compliance debieron haber advertido cualquier irregularidad, aunque aseguró nunca haber recibido explicaciones al respecto.
LAS SOCIEDADES DE CLARK Y EL CONFLICTO DE INTERÉS
La CMF puso especial atención en los potenciales conflictos de interés derivados de la participación de Clark como director y, simultáneamente, como acreedor a través de su empresa Redwood Capital SpA. Durante el interrogatorio, Clark describió su estructura societaria: tres sociedades, dos de inversión (Antumalal y Kaysen) y una de asesoría financiera (Redwood Capital). Respecto a Kaysen, aclaró que no tiene inversiones relacionadas con Sartor, sino un terreno arrendado a Gasco, con su cónyuge y Christian Cheetham como socios.
Antumalal, por su parte, era titular del 10% de las cuotas del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, sociedad que a su vez controlaba el 63,07% de las acciones de Azul Azul. Diez días después de su declaración, el 20 de diciembre de 2024, la Universidad de Chile comunicó que Clark, a través de Antumalal, se había transformado en el dueño de Tactical Sport. La CMF lo ofició y lo forzó a realizar una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA). En su respuesta, Clark informó que el 13 de diciembre de 2024, solo tres días después de declarar, adquirió el 90% de las cuotas del fondo por US$ 5.719.482.
EL CRÉDITO DE REDWOOD CAPITAL Y EL CLIENTE MISTERIOSO
Redwood Capital SpA, sociedad operativa de asesoría financiera 100% de su propiedad, solicitó a Sartor AGF un crédito de $875 millones en septiembre de 2023 para refinanciar pasivos. Clark aseguró que se abstuvo de votar en el comité de riesgos por tratarse de una operación con él mismo, y que el crédito se documentó con pagarés notariados y se pagó en julio de 2024. Explicó que el pago se realizó mediante un financiamiento obtenido de un cliente, bajo un mandato para actuar a cartera propia, sin revelar la identidad de ese cliente.
Consultado por la tasa de interés aplicada, señaló que solicitó que fuera a mercado para resguardarse. Además, revisó la cadena de correos donde los directores dieron su aprobación y confirmó que se indicó que la sociedad era de su propiedad, lo que, a su juicio, no impedía la operación.
RELACIÓN CON EL CASO PRIMUS
El fiscal también indagó sobre posibles vínculos de Clark con personas mencionadas en el caso Primus, como Francisco Coeymans, Ignacio Amenábar o Antonio Guzmán. Clark negó cualquier relación personal o comercial con ellos, limitándose a mencionar que Antonio Guzmán vive en su mismo condominio y que podría estar en algún chat vecinal en común. Aseguró que ninguna de sus sociedades ha tenido vínculos con esas personas.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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