CODELCO DESTINA US$143 MILLONES A PROYECTOS DE SUSTENTABILIDAD Y DESARROLLO LOCAL EN EL NORTE
En el marco de su Cuenta Pública 2025, realizada en Calama, Codelco comunicó una importante cartera de inversiones enfocada en sustentabilidad, infraestructura comunitaria y desarrollo territorial para las provincias de El Loa y Tocopilla. La estatal detalló que del total de US$143 millones comprometidos, unos US$92 millones se ejecutarán en los próximos cinco años, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las comunidades y fortalecer la gestión ambiental de sus operaciones.
La iniciativa abarca a las divisiones Chuquicamata, Radomiro Tomic, Gabriela Mistral y Ministro Hales. Los recursos se destinarán a programas de salud, abastecimiento de agua para localidades del Alto Loa, instalación de sistemas fotovoltaicos, recuperación de espacios públicos y obras de infraestructura urbana. También se contempla pavimentación, iluminación y seguridad, proyectos que se desarrollan en coordinación con municipios y organizaciones territoriales de la zona.
CONTROL AMBIENTAL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO
En materia ambiental, Codelco destacó inversiones directamente ligadas al cumplimiento del Plan de Descontaminación Ambiental de Calama, instrumento de gestión que establece metas de reducción de emisiones para la región. Según informó la estatal, las mejoras operacionales implementadas han permitido mantener durante los últimos años niveles de material particulado (MP10) inferiores a 50 microgramos por metro cúbico en la comuna.
Este resultado es relevante en un contexto normativo donde la autoridad sanitaria y ambiental exige estándares cada vez más estrictos, en particular respecto de fuentes fijas y difusas asociadas a la actividad minera. La empresa precisó que las medidas incluyen sistemas de control de emisiones y reducción de polvo fugitivo, en línea con lo dispuesto en el D.S. N° 12/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.
EMPLEABILIDAD Y FORTALECIMIENTO DE PROVEEDORES LOCALES
La compañía también relevó avances en programas de empleabilidad y apoyo a proveedores locales. Codelco señaló que miles de personas han participado en iniciativas de intermediación laboral y capacitación, orientadas a mejorar la inserción de trabajadores de la zona en las faenas mineras y en la cadena de suministro asociada.
Estas acciones se enmarcan en la política de desarrollo territorial que la estatal ha impulsado en los últimos años, buscando que las comunidades anfitrionas se beneficien directamente de la actividad productiva. La inversión en capital humano local es, además, un componente central de las obligaciones de sustentabilidad que las empresas del Estado deben cumplir conforme a la normativa de gobiernos corporativos y a las directrices de la Ley N° 19.880.
PLANTA DESALINIZADORA: 96% DE AVANCE
Otro de los proyectos emblemáticos mencionados en la cuenta pública es la planta desalinizadora de Codelco, que actualmente registra cerca de un 96% de avance. Esta infraestructura permitirá reemplazar progresivamente el uso de agua continental por agua desalada en las operaciones del norte, reduciendo la presión sobre fuentes hídricas en una zona de alta escasez.
Desde una perspectiva jurídica, el proyecto se inscribe en las exigencias de los permisos sectoriales y en la estrategia de adaptación al cambio climático que la empresa debe seguir, en concordancia con la Ley N° 21.455 (Marco de Cambio Climático). La reducción del consumo de agua dulce es también un factor relevante en los contratos de suministro y en las evaluaciones de impacto ambiental de las faenas.
UNA INVERSIÓN CON EFECTOS JURÍDICOS Y TERRITORIALES
La cartera anunciada no solo tiene implicancias operacionales para Codelco, sino que también genera efectos en el ordenamiento jurídico local, especialmente en materia de permisos municipales, concesiones de uso de bienes nacionales de uso público y obligaciones de consulta indígena en territorios del Alto Loa. La coordinación con municipios y organizaciones territoriales sugiere que la empresa ha buscado cumplir con los estándares de participación ciudadana que exige la Ley N° 19.300 sobre Bases del Medio Ambiente.
En suma, la inversión de US$143 millones representa un esfuerzo concreto por alinear la actividad minera con los objetivos de desarrollo sostenible y bienestar comunitario, en un escenario donde la industria enfrenta crecientes exigencias regulatorias y sociales.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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