La Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible el recurso presentado por la defensa del exdiputado Joaquín Lavín León, quien actualmente cumple prisión preventiva. El tribunal de alzada ordenó al juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía, emitir un informe en un plazo máximo de 24 horas respecto de la resolución que impuso la medida cautelar más gravosa.
LOS FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El abogado Cristóbal Bonacic, representante de Lavín, sostiene que la decisión del magistrado Urrutia es arbitraria e ilegal, vulnerando garantías constitucionales y normas del Código Procesal Penal. En el escrito, la defensa señala que el juez consideró delitos que no fueron objeto del desafuero resuelto por la Corte Suprema, el cual constituye un requisito previo para la persecución penal del exlegislador.
Además, se acusa que el magistrado incorporó nuevos hechos en la formalización, transcribiendo pasajes de la minuta leída por el Ministerio Público durante la audiencia. Según la defensa, esto evidencia una falta de independencia en la valoración de los antecedentes presentados por la Fiscalía.
CRÍTICAS A LA ACTUACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
El recurso también cuestiona el comportamiento de la Fiscalía durante el proceso de formalización. La defensa afirma que el ente persecutor fue modificando su imputación a medida que avanzaba la audiencia, agregando nuevas facturas, hechos y teorías del caso que no estaban incluidas en la solicitud de desafuero presentada en 2025.
El documento sostiene que “el persecutor va ajustando su imputación con el devenir del procedimiento, buscando siempre ampliar artificialmente los delitos imputados, a fin de obtener la medida cautelar de prisión preventiva”. Esta práctica, según la defensa, vulnera el debido proceso y el derecho a una defensa efectiva.
DELITOS CUESTIONADOS POR LA DEFENSA
Bonacic detalla que el juez Urrutia basó su decisión en presuntos ilícitos que no fueron formalizados respecto de Lavín. Entre ellos menciona delitos vinculados a la comercialización de datos del padrón electoral, cohecho y contrataciones irregulares. También se incluye el fraude al fisco relacionado con la contratación de Belén Carrasco, así como infracciones a la legislación electoral.
La defensa recuerda que la Corte Suprema ya había descartado el delito tributario que inicialmente se imputaba a Lavín, lo cual refuerza la tesis de que la prisión preventiva se sustenta en hechos no acreditados ni formalizados correctamente.
OBJETIVO DE LA ACCIÓN LEGAL
El recurso presentado busca revertir la medida cautelar de prisión preventiva impuesta el viernes pasado contra Joaquín Lavín León. La defensa espera que la Corte de Apelaciones revise los antecedentes y ordene la sustitución de la medida por alguna menos gravosa, como el arresto domiciliario o la firma periódica.
El tribunal de alzada deberá pronunciarse una vez que reciba el informe solicitado al juez Urrutia, en un proceso que se mantiene bajo estrecha vigilancia pública y mediática.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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