La tercera sesión del ciclo Debates Tributarios, organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, se centró en el impuesto territorial a propósito de la llamada ley de reconstrucción. El encuentro, transmitido por el canal oficial de la facultad en YouTube, reunió a especialistas en derecho tributario, administrativo y constitucional para analizar las modificaciones propuestas y los problemas estructurales que arrastra este tributo desde su creación.
La actividad fue inaugurada por la directora del Departamento de Derecho Económico, profesora María Pilar Navarro, quien destacó que esta sesión continúa una línea de trabajo iniciada el año anterior con un informe de la Defensoría del Contribuyente. En esta ocasión, el foco estuvo en el proyecto de ley que modifica el impuesto territorial, pero también en las tensiones que genera su determinación y los mecanismos de impugnación de avalúos.
EL PANEL Y SUS EXPOSICIONES
La profesora Roxana Obreque, abogada y académica de la Universidad Católica de Temuco, explicó que el impuesto territorial grava el valor patrimonial de los inmuebles según la Ley 17.235. A diferencia de los tributos autoliquidados, aquí la base imponible y las reglas técnicas las fija el Servicio de Impuestos Internos (SII). Obreque subrayó que este tributo es el pilar financiero de las municipalidades: el 53,1% de sus ingresos proviene de él, según datos del propio SII.
Entre los defectos estructurales, la expositora mencionó la opacidad en los algoritmos que usa el SII para calcular los avalúos. Pese a consultas realizadas, la institución no ha transparentado si emplea inteligencia artificial ni cuáles son los parámetros de esas decisiones automatizadas. Agregó que en la serie agrícola existen problemas de catastro, con desfases entre la realidad y los roles del SII, y que los contribuyentes de menores recursos enfrentan barreras de acceso a la justicia, debido al alto costo de los informes periciales exigidos para impugnar.
RETROACTIVIDAD Y FALTA DE FUNDAMENTACIÓN
El profesor Jaime Philips, especialista en derecho administrativo, abordó la aplicación retroactiva de los reavalúos. Explicó que el artículo 13 de la Ley de Impuesto Territorial permite actualizar el valor desde el momento en que ocurrió el hecho que modificó el inmueble, pero que el SII sostiene que se trata de un acto declarativo. Philips argumentó que los principios de la Ley N° 19.880, sobre procedimiento administrativo, restringen la retroactividad y que las resoluciones del SII a menudo carecen de la motivación exigida por dicha norma. Esto ha sido reconocido por tribunales tributarios que han anulado avalúos por falta de fundamentos.
Además, Philips criticó la práctica del SII de realizar fiscalizaciones mediante drones o mapas públicos como Google Earth, sin que exista una habilitación legal expresa. Señaló que la inviolabilidad del hogar podría verse afectada si esas inspecciones se realizan sin autorización judicial.
LA EXENCIÓN PARA ADULTOS MAYORES EN LA LEY DE RECONSTRUCCIÓN
El profesor Álvaro Magasich se centró en las modificaciones al beneficio para adultos mayores vulnerables, establecido originalmente por la Ley 20.732. La normativa vigente exige que el inmueble sea de uso residencial, esté inscrito a nombre del beneficiario (mujer mayor de 60 años u hombre mayor de 65) y tenga un avalúo inferior a $224 millones. Quienes integran el tramo exento del impuesto global complementario quedan liberados del pago; los del segundo tramo pagan el 50%.
Magasich indicó que el proyecto del actual gobierno propone una exención general para todas las personas sobre 65 años por su vivienda principal, sin considerar el ingreso. Esto ha generado críticas: afectaría los ingresos municipales –el 30% de los recursos totales de las comunas provienen del impuesto territorial– y beneficiaría a personas de altos ingresos. El expositor sugirió revisar el mínimo exento actual (60 millones de avalúo) y focalizar el beneficio solo en adultos mayores vulnerables, manteniendo un tope de capacidad contributiva.
DEBATE SOBRE LA LEGALIDAD Y LA TERCERIZACIÓN DE AVALÚOS
Durante la ronda de preguntas, los panelistas coincidieron en que la determinación del impuesto debe ser más transparente. Magasich planteó que el SII es quien debe probar la correcta liquidación, invirtiendo la carga de la prueba, dado que el tributo no es autoliquidado. Philips añadió que la falta de motivación de los actos administrativos es subsanable por la vía judicial, pero que los tribunales a menudo confunden la presunción de legalidad con la exigencia de fundamentación.
Respecto a la posibilidad de tercerizar los avalúos, Philips descartó que sea una obligación constitucional, aunque técnicamente podría ser conveniente. Magasich recordó que el SII ha señalado que el avalúo fiscal no debe superar el 60% del valor comercial, criterio que consideró adecuado pero que debería establecerse legalmente.
El panel concluyó que el impuesto territorial necesita una reforma integral que aborde la transparencia algorítmica, la motivación de las resoluciones, la equidad en las exenciones y la estabilidad de los ingresos municipales.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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