El Ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, apuntó a una transformación profunda en la gestión de las concesiones y el gasto fiscal, en medio de los primeros ajustes de la nueva administración. En entrevista con un medio nacional, la autoridad advirtió que la burocracia interna del MOP está frenando la competitividad del país y llamó a repensar la priorización de proyectos de infraestructura desde una perspectiva de rentabilidad económica, social y geopolítica.
PROCESOS INTERNOS Y COMPETITIVIDAD
Arrau fue crítico respecto de los procedimientos que rigen las concesiones de obras públicas. Señaló que una modificación contractual en el MOP puede requerir hasta 16 firmas internas, con plazos que se extienden por un año. “Eso no puede ser porque lo que va pasando ahí es que somos menos competitivos”, afirmó.
En esa línea, la cartera busca incentivar una mayor participación en los procesos de concesión. “Tenemos que hacer que haya más competencia, que esto sea más atractivo para las empresas que participan. Y de esa manera estoy seguro que vamos a bajar los costos”, declaró el ministro.
PAGOS, GARANTÍAS Y DEMORAS HISTÓRICAS
Consultado por las críticas por pagos tardíos, Arrau detalló que ya se conformó un equipo para identificar las boletas de garantía pendientes de devolución. Además, el ministerio evalúa mecanismos para agilizar la facturación, permitiendo que las empresas reciban sus pagos de manera más rápida.
“Estamos viendo cómo efectivamente permitir que se facture de manera más rápida”, sostuvo.
El ministro también se refirió a la necesidad de revisar los contratos vigentes para incorporar cláusulas de protección frente a variaciones de costos, como el alza del diésel, que impacta de forma significativa en la ejecución de las obras.
PROYECTOS ADJUDICADOS Y TRABAS BUROCRÁTICAS
Otro de los focos del MOP es destrabar los más de US$10 mil millones en proyectos de concesión ya adjudicados que no logran avanzar al ritmo esperado. Según Arrau, las demoras responden a permisos y trámites que dependen del propio ministerio. Afirmó que se están dando respuestas a gestiones pendientes desde hace siete meses.
RECORTE PRESUPUESTARIO Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS
En materia fiscal, el titular del MOP explicó que el recorte presupuestario aplicado a su cartera fue de un 2,97%. El ajuste se concentró en proyectos que presentaban retrasos por causas ambientales, arqueológicas u otras, sin afectar obras en plena ejecución.
“Hay proyectos que podrían postergarse, sí. Hay proyectos que yo creo que no tienen pertinencia a realizarse. Me ha tocado ver infraestructura que, de verdad, no tiene mucho sentido haberla hecho. Estamos hablando de proyectos de miles de millones. Entonces, yo sí creo que tenemos que ser mucho más críticos”, alertó.
Arrau anunció un cambio en la lógica de asignación de recursos. “Antes lo que pasaba es que cada región o cada dirección ejecutaba más o menos la misma cantidad de plata. Dijimos chao. El presupuesto del MOP va a ser más o menos esto. Bueno, compitamos. ¿Dónde están los mejores proyectos?”, planteó.
La autoridad enfatizó que el 80% del presupuesto se ejecuta en contratos de arrastre del año anterior, y que existe espacio para mejorar la eficiencia del gasto público, incluyendo partidas de soporte y estudios.
PROYECTOS EMBLEMÁTICOS Y AGENDA DE INVERSIÓN
El ministro enumeró una serie de iniciativas prioritarias para el gobierno, como la fase final del Puente Chacao y la pavimentación de la ruta 7 en Aysén. En la Región Metropolitana, destacó el cierre del anillo de Américo Vespucio y la conexión de la Ruta 68 con la 78.
En el norte, Arrau puso énfasis en la estrategia nacional de desalación. “Hoy día hay una treintena de plantas operando que tienen una capacidad de catorce metros cúbicos por segundo. Varias ciudades del norte hoy día se abastecen totalmente de agua desalada. Hay más de cincuenta plantas en evaluación. Este gobierno y los próximos diez años van a ser de la desalación”, sostuvo.
DESAFÍOS DEL TAG: TARIFAS Y PLAZOS
Consultado sobre las tarifas del TAG, el ministro indicó que se encuentran en conversaciones con cada una de las empresas concesionarias. Explicó que en Santiago operan 11 contratos distintos, con plazos, costos e inversiones heterogéneos.
Una de las alternativas para reducir el impacto tarifario es extender los periodos de concesión. “Que se extienda a los periodos más largos posibles sobre 40 años, la ley nos da hasta 50”, detalló Arrau.
La evasión también fue mencionada como un factor crítico. “El fraude ha ido aumentando de manera exponencial. Cuando parte este sistema se estimaba que iba a ser un 1%. Hoy día estamos en algunos contratos cerca de un 20%”, alertó.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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