El Ejecutivo impulsa con suma urgencia el proyecto que regula las plataformas de apuestas en línea, una iniciativa que lleva más de cuatro años en el Congreso y que ahora busca un avance decisivo. La meta es clara: que estas operaciones comiencen a pagar impuestos y se someta a reglas claras a un mercado que hoy opera sin control.
SUMA URGENCIA DEL EJECUTIVO
El pasado jueves, el gobierno ingresó la suma urgencia al proyecto de ley que «Regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea», mensaje presidencial presentado el 7 de marzo de 2022. La medida, según informó el senador Matías Walker (Demócratas), integrante de la comisión de Economía del Senado, permitirá votar las indicaciones respectivas en dicha instancia legislativa.
Walker explicó que la expectativa es aprobar las indicaciones para regular un mercado desregulado, prohibir el acceso a menores de 18 años y, lo más relevante, identificar a los beneficiarios finales o dueños de las casas de apuestas. En ese contexto, alertó que 15 clubes de fútbol chileno tienen auspicio de una casa de apuestas con sede en Aragua, Venezuela, sin que se conozca el origen de esos capitales.
CONTENIDO DEL PROYECTO: LICENCIAS E IMPUESTOS
La iniciativa ya fue aprobada en general durante 2025, con una recaudación estimada de unos $200 mil millones por ejercicio. Actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.
El proyecto establece que solo podrán acceder a las plataformas las personas naturales mayores de edad, titulares de una cuenta de apuestas en línea y con Rol Único Nacional. Para operar, las empresas deberán obtener una licencia general, con vigencia de hasta cinco años y renovable, o una licencia especial de hasta 60 días, no renovable. El acceso a estas licencias se realizará mediante un procedimiento administrativo no competitivo, con requisitos similares a los exigidos a las sociedades operadoras de casinos bajo la Ley N° 19.995.
En materia tributaria, se contempla un impuesto específico del 20% sobre los ingresos brutos del juego, en reemplazo del IVA; un impuesto anual a suma alzada de 1.000 UTM por cada plataforma con licencia general; y 100 UTM para aquellas con licencia especial. Además, los usuarios deberán pagar un impuesto del 15% sobre las rentas obtenidas, calculado como la diferencia entre los premios recibidos y las apuestas realizadas.
POSTURA DE LOS LEGISLADORES
El diputado y jefe de Bancada del Partido Nacional Libertario, Cristóbal Urruticoechea, valoró la suma urgencia como un avance en una industria que requiere reglas claras. Su bancada, dijo, está de acuerdo en regular y normar este tipo de actividades.
Por su parte, el diputado Pier Karlezi (PNL), en la Comisión de Hacienda, expresó su preocupación por la eliminación de contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores y su impacto en el fondo común municipal. Planteó que existen otras oportunidades de ahorro y sugirió destinar a los municipios el tributo de las apuestas en línea, cuyo potencial recaudatorio estimó en US$1.200 millones. «Podríamos eliminar todas las contribuciones y pasarle el tributo de las apuestas en línea a las municipalidades», señaló.
LA VISIÓN DE LA INDUSTRIA
La Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (Apal), que reúne a Betsson, JuegaEnLinea, Coolbet y LatamWin, respaldó la urgencia del Ejecutivo. En un comunicado, calificaron la medida como una señal positiva que permite ordenar una actividad ya existente. Destacaron que más del 70% de los países de la OCDE cuentan con regulaciones en la materia y que una norma moderna y bien diseñada permitirá proteger a los usuarios, prevenir el juego problemático y el lavado de activos, fortalecer la competencia leal y asegurar condiciones adecuadas de fiscalización y transparencia.
No obstante, advirtieron que regulaciones mal diseñadas reducen la canalización hacia el mercado formal, debilitando la protección de los usuarios y el potencial de recaudación.
ANTECEDENTES JUDICIALES
La industria de apuestas en línea ha enfrentado múltiples cuestionamientos: uso por menores de edad, riesgos de ludopatía, operaciones sin autorización y publicidad en horario de protección al menor. La justicia ha intentado fijar límites. En 2023, la Corte Suprema acogió un recurso de Polla Chilena de Beneficencia, calificando la actividad como ilegal y ordenando el cierre de una veintena de sitios. En septiembre de 2025, un nuevo fallo del máximo tribunal reiteró esa calificación y ordenó el bloqueo de los sitios web, aunque estos rápidamente reaparecieron con otras direcciones.
Frente a ello, Polla Chilena ha intensificado su estrategia legal. En febrero de este año, presentó ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago una querella criminal por asociación criminal, operación ilegal de juegos de azar y lavado de activos, apuntando a proveedores de servicios de pago vinculados a las plataformas.
La presidenta del Directorio de Polla Chilena, Macarena Carvallo, señaló que la querella responde al deber legal y ético de resguardar los recursos públicos y velar por que la actividad de juegos de azar se desarrolle dentro del ordenamiento jurídico vigente, advirtiendo sobre el alto costo social de la ludopatía.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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