El Congreso vivió una nueva jornada de debate extendido, esta vez en la comisión de Educación del Senado, donde se aprobó en particular el proyecto «Escuelas Protegidas», impulsado por el Ejecutivo del Presidente José Antonio Kast. La sesión se prolongó por cerca de nueve horas, en las que se analizaron 82 indicaciones ingresadas tanto por el Gobierno como por parlamentarios, en un contexto marcado por la necesidad de dar respuesta a los hechos de violencia al interior de las comunidades educativas.
La discusión no fue la única extensa del miércoles. En paralelo, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados sesionó desde las 15:00 horas hasta cerca de las 5:00 de la madrugada del jueves para despachar en su totalidad el Plan de Reconstrucción impulsado por el Ejecutivo.
EL DEBATE SOBRE REVISIÓN DE MOCHILAS
Uno de los ejes que concitó mayor atención fue la regulación de la revisión de mochilas en establecimientos educacionales. Las senadoras Yasna Provoste (DC) y Claudia Pascual (PC) presentaron una indicación que buscaba establecer límites más estrictos a estos procedimientos. La propuesta planteaba que la revisión solo procedería ante motivos fundados, individualizados y verificables, consignados por escrito antes de su inicio. Además, pretendía prohibir las revisiones masivas, aleatorias o sistemáticas, así como aquellas basadas en características personales o sociales de los estudiantes.
Sin embargo, el alcance de estas restricciones generó reparos. El senador Cristián Vial (IND-Republicanos) valoró la intención de establecer contrapesos, pero advirtió que prohibir revisiones masivas o aleatorias podría contradecir el espíritu del proyecto, que busca fortalecer las herramientas de prevención. En la misma línea, el senador Vlado Mirosevic (Partido Liberal) coincidió en la necesidad de resguardar la no discriminación, pero alertó que limitar excesivamente los procedimientos podría derivar en efectos contraproducentes, obligando a focalizar las revisiones en grupos específicos y generando prácticas discriminatorias.
ACUERDO INTERMEDIO Y PROCEDIMIENTOS
Tras varias horas de debate y ajustes a la redacción, la comisión alcanzó un acuerdo intermedio. Se aprobó que la revisión de mochilas solo podrá realizarse ante motivos fundados, individualizados y verificables, y se prohibieron aquellas basadas en criterios personales o discriminatorios. En cuanto a la aplicación práctica, el procedimiento deberá ser solicitado por al menos dos integrantes del establecimiento, uno de los cuales debe pertenecer al equipo de convivencia escolar. Serán los propios estudiantes quienes deberán vaciar el contenido de sus mochilas, evitando la intervención directa de terceros. Además, se aprobó que la revisión pueda extenderse a bolsillos bajo los mismos criterios.
Se definieron diferencias entre revisiones masivas e individuales. Las primeras podrán realizarse en salas de clases o espacios comunes, como patios o halls, donde se invitará a los alumnos a mostrar voluntariamente el contenido de sus pertenencias. Las revisiones individuales procederán cuando existan indicios de un posible delito o riesgo, especialmente si un estudiante se niega a colaborar en una instancia general. En estos casos, el procedimiento deberá llevarse a cabo en un espacio privado. Si el estudiante persiste en su negativa, se deberá contactar a su apoderado; si este no concurre, el establecimiento podrá recurrir a Carabineros o a la Policía de Investigaciones.
No obstante, se rechazó el inciso que establecía que la selección reiterada de estudiantes o de un mismo grupo constituiría una presunción de discriminación arbitraria denunciable ante la Superintendencia de Educación, al no lograr los votos necesarios.
REGULACIÓN DE PRENDAS Y SANCIONES
La comisión también abordó la regulación del uso de prendas como gorros, capuchas u otros elementos que dificulten la identificación de los estudiantes. Se estableció que su uso podrá restringirse, aunque considerando excepciones fundadas, como condiciones de salud (incluyendo casos de estudiantes con trastorno del espectro autista, enfermedades como el cáncer), motivos religiosos o vinculados a la identidad de género.
En materia de sanciones, los senadores precisaron que la iniciativa no apunta a regular movilizaciones pacíficas, sino a hechos de mayor gravedad, como los que motivaron su origen tras el homicidio de una inspectora en un establecimiento educacional de Calama. Se aprobó excluir de sanciones aquellas situaciones derivadas de crisis, desregulación emocional o condiciones asociadas a salud mental, discapacidad o neurodesarrollo, con el fin de evitar efectos desproporcionados en estudiantes en contextos de vulnerabilidad.
Finalmente, en acceso a beneficios educacionales, se incorporaron precisiones respecto a la eventual prohibición temporal para postular a la gratuidad en la educación superior. La medida se aplicará únicamente a quienes hayan sido condenados por sentencia firme y ejecutoriada por delitos graves contra la vida, la integridad física de las personas o la infraestructura escolar. Se excluyó a quienes hayan cometido estos hechos siendo menores de edad y se fijó un límite máximo de cinco años para esta restricción.
TRÁMITE LEGISLATIVO
Tras la extensa sesión de la comisión, que se proyectaba finalizar cerca de las 14:00 horas pero se prolongó hasta alrededor de las 21:00, la intención era que el proyecto pasara esa misma jornada a la Sala del Senado para su votación y eventual despacho a un tercer trámite en la Cámara. Sin embargo, aquello no ocurrió y la discusión fue reprogramada para el lunes siguiente. La sesión especial destinada a continuar la tramitación en segundo trámite constitucional quedó fijada entre las 14:00 y las 17:00 horas, bajo urgencia calificada de «discusión inmediata».
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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